Cuando la legalidad no esta a la altura de la decencia, la justicia en lugar de señalar el comportamiento indebido, acaba por protegerlo.
Lo ocurrido con los subsidios de Agro Ingreso Seguro no es un incidente aislado, más si una consecuencia de décadas de amañamiento en la administración de los recursos de la nación. Vivimos bajo esquemas diseñados por unos pocos con la expresa intención de perpetuar su propia permanencia en el poder y la de sus allegados y descendientes. Como en alguna ocasión mencionaba sabio personaje de Sánchez Juliao conocido como el Flecha: “familia que roba unida permanece unida”. Con la variante de que aquí ya no hay necesidad de robar, el sistema avala esos comportamientos y hemos quedado a expensas de la conciencia individual del administrador de turno, que decide para si mismo con la vergüenza como único juez garante.
No es sino echarle un vistazo a algunos programas del estado, como los de financiación educativa de entidades como colfuturo; que existen para fomentar la educación superior entre la población y promover así el nivel académico de la población. Buena parte de las becas, aunque en forma perfectamente legal, se reparten entre personas cercanas a miembros de las esferas de poder; aquellos que no necesitarían “ayuda” estatal para educarse pues cuentan con medios propios suficientes para hacerlo. Enfatizamos la palabra ayuda para que se entienda bien que un subsidio es una ayuda, y que según el diccionario: se denomina ayuda a una acción humana tendiente a resolver la “necesidad” de una persona o grupo social.
Ese fue el comportamiento del ex-ministro arias, quien al ser increpado por la asignación de multimillonarios subsidios, delineados para promover la inversión y el avance tecnológico en el campo, resolvió su respuesta argumentando la legalidad de la operación. Seguramente tiene razón. Muy a pesar del rechazo que produce aceptar que el dinero que pagan los colombianos en impuestos, acaba engordando las cuentas bancarias de personas muy pudientes, que no necesitan colaboración alguna para invertir en sus negocios, seguramente no hay nada en la operación que se haya hecho por fuera de la ley.
Recordemos que este fue el mismo ministro de agricultura que hace unos años, cuando se debatía lo de la asignación de tierras a las victimas de la violencia, argumentó que era más conveniente otorgar las tierras a empresarios para que ellos posteriormente contrataran como trabajadores a los campesinos. Eran las tierras de Carimagua, que según el ministro son malas para los campesinos pero si muy buenas si las toma algún empresario. Entonces como ahora, el ministro, sin siquiera gaguear, defendía que el procedimiento era perfectamente legal y que no había nada indebido en el procedimiento.
Se equivoca el ministro. Independiente de la presunta legalidad en la asignación, entonces de las tierras, y ahora de los subsidios, es terriblemente incorrecto y reprochable que en un país con abismos en la distribución de riqueza, se utilicen los limitados recursos públicos para favorecer a los más poderosos. Es una cuestión de básica decencia humana.
Cuando la ley y la decencia caminan por separado, es la vergüenza personal la que define los acontecimientos.
Lo ocurrido con los subsidios de Agro Ingreso Seguro no es un incidente aislado, más si una consecuencia de décadas de amañamiento en la administración de los recursos de la nación. Vivimos bajo esquemas diseñados por unos pocos con la expresa intención de perpetuar su propia permanencia en el poder y la de sus allegados y descendientes. Como en alguna ocasión mencionaba sabio personaje de Sánchez Juliao conocido como el Flecha: “familia que roba unida permanece unida”. Con la variante de que aquí ya no hay necesidad de robar, el sistema avala esos comportamientos y hemos quedado a expensas de la conciencia individual del administrador de turno, que decide para si mismo con la vergüenza como único juez garante.
No es sino echarle un vistazo a algunos programas del estado, como los de financiación educativa de entidades como colfuturo; que existen para fomentar la educación superior entre la población y promover así el nivel académico de la población. Buena parte de las becas, aunque en forma perfectamente legal, se reparten entre personas cercanas a miembros de las esferas de poder; aquellos que no necesitarían “ayuda” estatal para educarse pues cuentan con medios propios suficientes para hacerlo. Enfatizamos la palabra ayuda para que se entienda bien que un subsidio es una ayuda, y que según el diccionario: se denomina ayuda a una acción humana tendiente a resolver la “necesidad” de una persona o grupo social.
Ese fue el comportamiento del ex-ministro arias, quien al ser increpado por la asignación de multimillonarios subsidios, delineados para promover la inversión y el avance tecnológico en el campo, resolvió su respuesta argumentando la legalidad de la operación. Seguramente tiene razón. Muy a pesar del rechazo que produce aceptar que el dinero que pagan los colombianos en impuestos, acaba engordando las cuentas bancarias de personas muy pudientes, que no necesitan colaboración alguna para invertir en sus negocios, seguramente no hay nada en la operación que se haya hecho por fuera de la ley.
Recordemos que este fue el mismo ministro de agricultura que hace unos años, cuando se debatía lo de la asignación de tierras a las victimas de la violencia, argumentó que era más conveniente otorgar las tierras a empresarios para que ellos posteriormente contrataran como trabajadores a los campesinos. Eran las tierras de Carimagua, que según el ministro son malas para los campesinos pero si muy buenas si las toma algún empresario. Entonces como ahora, el ministro, sin siquiera gaguear, defendía que el procedimiento era perfectamente legal y que no había nada indebido en el procedimiento.
Se equivoca el ministro. Independiente de la presunta legalidad en la asignación, entonces de las tierras, y ahora de los subsidios, es terriblemente incorrecto y reprochable que en un país con abismos en la distribución de riqueza, se utilicen los limitados recursos públicos para favorecer a los más poderosos. Es una cuestión de básica decencia humana.
Cuando la ley y la decencia caminan por separado, es la vergüenza personal la que define los acontecimientos.
Por eso es dignificante la actitud de Valerie Domínguez quien ha decidido declinar el subsidio; aun cuando con ello haga un reconocimiento tácito de una conducta indebida. Al menos en su renuncia, ella demuestra que hay comportamientos que le dan pena. Cosa que no se puede decir de muchos servidores públicos, quienes de tanto nadar en esa legalidad turbia, han acabado por perder hasta la virtud de sonrojarse.
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