Problema de Autosuficiencia

Si las organizaciones del crimen fueron capaces de permear, y en muchos casos apoderarse, de la representación del Estado, fue principalmente por la debilidad de las instituciones regionales.

Tal como se esperaba, el cuento de la para-política, ha picado y se ha extendido. Apareció el famoso documento en el que representantes electos del pueblo de Colombia decidieron apoyar ese supuesto programa político que, como todos hemos visto, tenía como único objetivo el saqueo del Estado a cualquier costo. Habló el ex-alcalde Bernardo Hoyos y acusó de absolutamente todos los crímenes posibles a la administración actual y a un grupo de personajes muy conocidos en Barranquilla. Al senador Araújo ahora se le vincula con participación activa en secuestros. Y ahí no parará, pero por ahí vamos.

Qué dolorosa esta situación en la que ha caído la costa de Colombia. Qué dolorosa esta situación en la que ha caído Colombia. Entre guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo se reparten el control de gran parte del territorio nacional y, por lo que se ha sabido, también el de las instituciones publicas. El crimen organizado se apoderó de las regiones de Colombia ante la mirada atónita de un Estado que hasta el DÍA de hoy sigue creyendo que la presencia estatal se limita a los fusiles y las bases militares.

Buscando las causas de todo esto, se estrella uno con algo que ocurrió aquí, hace dos décadas, y que sin duda generó muchos de los problemas que hoy vivimos. En el peor momento de la historia, con varias décadas de guerrillas encima, ante el nacimiento del paramilitarismo y cuando el narcotráfico se convertía en una amenaza gigantesca para la institucionalidad nacional, Colombia decidió jalarle a la descentralización. Y para agravar las cosas, lo hizo mal.

Si bien la descentralización de Colombia es absolutamente necesaria, por su extensión geográfica, por su densidad demográfica y por su variedad cultural, la asignación de libertades a las regiones, tal como se hizo y en la época que se hizo, terminó fue emulando el caso de la madre que abandona a sus crías para que se desarrollen solas, y éstas, por no estar preparadas, terminan siendo presa de los depredadores locales.

No se podía dejar sueltas a regiones que no estaban preparadas para gobernarse a sí mismas. Décadas de centralismo causaron dependencia y abandono que inhabilitan el progreso individual. Para tener éxito, la descentralización política debía haber sido precedida por una descentralización económica que nunca que se dio. Los capitales y la inversión siguen concentrados en la capital de la república. Tanto los privados como los públicos.

La verdadera autonomía de las personas y, por ende, la de las comunidades en las que ellas habitan, es dada por la autosuficiencia. Es el poder adquisitivo, la capacidad de ser económicamente autónomo, lo que da la libertad. Para que las regiones pudieran caminar solas, sin ir de la mano del gobierno central, se requería empleo en los pueblos de Colombia. Sólo así, los ciudadanos de esas localidades dejarán de ser presa fácil de los varones electorales o de los jefes del crimen organizado que, al día de hoy, controlan la vida de la gente en muchas regiones del país.

En muchos países, el Estado se encarga de ubicar sus diferentes oficinas e instituciones en localidades pequeñas, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Esa política hace que por fuerza se desarrolle la economía en esos pueblos. Al capital privado no se le puede obligar a reubicarse en diferentes regiones, pero sí se le puede incentivar. El Estado debió promover el traslado masivo de empresas a las regiones, con el fin de generar riqueza en lugares que se encuentran en los más absolutos estancamiento y olvido.

Esto no ocurre exclusivamente en el nivel nacional; en los departamentos, también existen concentraciones de capital y de empleo en las ciudades. El departamento del Atlántico por ejemplo, gira alrededor de Barranquilla, el resto de los municipios viven condenados a economías escasas o inexistentes. Si se lograra que algunas de las empresas de la ‘Arenosa’ se mudaran a municipios como Palmar de Varela, Rotinet o Cien Pesos, se daría un golpe en la mesa que impulsaría la economía en todos estos pueblos y, como consecuencia, la economía del Atlántico en general. Incluida Barranquilla.

El camino para mejorar las condiciones de vida a lo largo y ancho de Colombia y hacer fuertes a las regiones es llevar empleo a donde no lo hay. Esa es la forma como Colombia ganará la guerra. La guerra contra el crimen y contra la corrupción. Esa debería ser la meta principal de este gobierno, que vive alegre por sus cifras de inversión y no se da cuenta de que el pueblo lo que necesita es trabajar, trabajar y trabajar.

Ñapa: Esta semana, cuando Julio Mario Santo Domingo decidió proponer públicamente un tercer período presidencial de Álvaro Uribe, me habría gustado que volviera a explicar como fue lo del ahorro de impuestos por la venta de Bavaria. La verdad, yo eso nunca le entendí.

De Interes Publico

El exitoso escape del ex ministro Araújo revivió el debate sobre el rescate militar de secuestrados. Rescate militar o acuerdo humanitario, he ahí el dilema. Ya una vez dije aquí que no apoyaba el intercambio humanitario, no en las condiciones en las que se plantea, no mientras no incluya a la totalidad de colombianos privados de su libertad, no mientras no se haga en el contexto de un acuerdo de sometimiento a la justicia de parte de los grupos armados ilegales.

Me mantengo en mi posición, y como no apoyo el acuerdo, pues obviamente apoyo el rescate militar. No porque me gusten las balaceras, como ya alguno habrá pensado, sino porque para el Estado es una obligación y una necesidad. La obligación de procurar el resguardo de la integridad física de todos los ciudadanos mediante el uso de todos los medios a su disposición. Y una necesidad porque, ante la agresión constante de los grupos ilegales, el accionar tibio del brazo fuerte del Estado solo contribuye a incitar más atropellos en contra de la ciudadanía. La autoridad, para gozar de respeto, tiene que ser ejercida por encima de todo y en todo momento.

Muchos de los llamados “secuestrados políticos” que los grupos armados ilegales tienen en su poder en estos momentos fueron secuestrados precisamente como carnada para forzar un acuerdo humanitario con el gobierno. Si esa posibilidad estuviera cerrada desde el principio, seguramente muchos de ellos, los plagiados, gozarían de libertad hoy. No tendrían sus familias que presionar al gobierno para que este llegase a acuerdos con la insurgencia, ni pretender presionar al Estado para que se someta a las siempre absurdas condiciones de la delincuencia.

Como lo hacen los familiares de Ingrid Betancourt. Ellos, con su accionar público, nacional e internacional, solo buscan que el gobierno ceda, para que así llegue la libertad de Ingrid. Sin importar si esa libertad compromete la de muchos otros ciudadanos frente al futuro. Buscan el interés privado y nada más.

Pero ahí está el artículo 58 de la Constitución para aclarar las cosas, cuando en conflicto, “el interés privado deberá ceder al interés público o social”. Este artículo, que se refiere principalmente a la propiedad privada, interpreta la filosofía detrás del Estado social de derecho. En este caso en particular describe por qué el gobierno no puede llegar a la liberación de secuestrados mediante un acuerdo; porque el Estado no puede permitirle a la delincuencia que use a los ciudadanos como moneda de cambio.

Los acuerdos con el crimen organizado nunca son exitosos, porque la mentira, la traición y la violación de las normas son requisito indispensable para ser exitoso en el negocio del crimen. Hace mucho tiempo que los grupos armados de Colombia dejaron de ser políticos y se dedicaron exclusivamente al crimen. (Ese es, seguramente, otro favorcito que tenemos que anotarle al narcotráfico). Y como grupos de crimen organizado, los acuerdos políticos con ellos solo terminan en lo que pretendía terminar el Caguan y en lo que hasta ahora ha resultado de Ralito; lejos de ver un sometimiento a la justicia por parte del crimen, es el Estado social de derecho el que termina arrodillado ante las condiciones impuestas por los delincuentes.

No hay nadie en Colombia que no desee la liberación de todas las personas que se encuentran privadas ilegalmente de su libertad. Sin embargo, la angustia y el dolor no deben llevarnos a perpetuar el accionar criminal con el que convivimos. Si no existe una respuesta fuerte y decidida por parte del Estado, la delincuencia seguirá imponiendo sus condiciones, amedrentando y abusando de la sociedad civil. Violando la integridad física y moral que el Estado está constitucionalmente obligado a proteger.

Por obvias razones, si se consulta a los familiares antes de realizar una operación militar que pudiese poner en riesgo las vidas de sus seres queridos, ellos se negarán. Por cuestiones de esperanza y de dolor personal, los familiares, en su gran mayoría, se aferrarán siempre a la posibilidad de un intercambio que devuelva a sus casas a los plagiados sanos y salvos. Pero el Estado, por la misma razón que no sale a repartir comida a los hambrientos, ni lleva regalos a los niños pobres en navidad, no puede someterse al interés personal. Debe velar por el interés público. Y en este tema, lo que más le conviene a la sociedad, a Colombia como país, es una respuesta fuerte; que el rescate militar esté fuera de toda discusión. Y que los acuerdos con los grupos armados solo se den cuando estos se sometan a la justicia colombiana.

Ñapa: Con sus nuevas metas, Hugo Chávez le apuesta a conseguir lo mismo que hasta el momento ha logrado Fidel Castro. Desdibujar a la izquierda y garantizar la hegemonía de la derecha en Latinoamérica por 50 años más. Con los resultados que todos conocemos