De Interes Publico

El exitoso escape del ex ministro Araújo revivió el debate sobre el rescate militar de secuestrados. Rescate militar o acuerdo humanitario, he ahí el dilema. Ya una vez dije aquí que no apoyaba el intercambio humanitario, no en las condiciones en las que se plantea, no mientras no incluya a la totalidad de colombianos privados de su libertad, no mientras no se haga en el contexto de un acuerdo de sometimiento a la justicia de parte de los grupos armados ilegales.

Me mantengo en mi posición, y como no apoyo el acuerdo, pues obviamente apoyo el rescate militar. No porque me gusten las balaceras, como ya alguno habrá pensado, sino porque para el Estado es una obligación y una necesidad. La obligación de procurar el resguardo de la integridad física de todos los ciudadanos mediante el uso de todos los medios a su disposición. Y una necesidad porque, ante la agresión constante de los grupos ilegales, el accionar tibio del brazo fuerte del Estado solo contribuye a incitar más atropellos en contra de la ciudadanía. La autoridad, para gozar de respeto, tiene que ser ejercida por encima de todo y en todo momento.

Muchos de los llamados “secuestrados políticos” que los grupos armados ilegales tienen en su poder en estos momentos fueron secuestrados precisamente como carnada para forzar un acuerdo humanitario con el gobierno. Si esa posibilidad estuviera cerrada desde el principio, seguramente muchos de ellos, los plagiados, gozarían de libertad hoy. No tendrían sus familias que presionar al gobierno para que este llegase a acuerdos con la insurgencia, ni pretender presionar al Estado para que se someta a las siempre absurdas condiciones de la delincuencia.

Como lo hacen los familiares de Ingrid Betancourt. Ellos, con su accionar público, nacional e internacional, solo buscan que el gobierno ceda, para que así llegue la libertad de Ingrid. Sin importar si esa libertad compromete la de muchos otros ciudadanos frente al futuro. Buscan el interés privado y nada más.

Pero ahí está el artículo 58 de la Constitución para aclarar las cosas, cuando en conflicto, “el interés privado deberá ceder al interés público o social”. Este artículo, que se refiere principalmente a la propiedad privada, interpreta la filosofía detrás del Estado social de derecho. En este caso en particular describe por qué el gobierno no puede llegar a la liberación de secuestrados mediante un acuerdo; porque el Estado no puede permitirle a la delincuencia que use a los ciudadanos como moneda de cambio.

Los acuerdos con el crimen organizado nunca son exitosos, porque la mentira, la traición y la violación de las normas son requisito indispensable para ser exitoso en el negocio del crimen. Hace mucho tiempo que los grupos armados de Colombia dejaron de ser políticos y se dedicaron exclusivamente al crimen. (Ese es, seguramente, otro favorcito que tenemos que anotarle al narcotráfico). Y como grupos de crimen organizado, los acuerdos políticos con ellos solo terminan en lo que pretendía terminar el Caguan y en lo que hasta ahora ha resultado de Ralito; lejos de ver un sometimiento a la justicia por parte del crimen, es el Estado social de derecho el que termina arrodillado ante las condiciones impuestas por los delincuentes.

No hay nadie en Colombia que no desee la liberación de todas las personas que se encuentran privadas ilegalmente de su libertad. Sin embargo, la angustia y el dolor no deben llevarnos a perpetuar el accionar criminal con el que convivimos. Si no existe una respuesta fuerte y decidida por parte del Estado, la delincuencia seguirá imponiendo sus condiciones, amedrentando y abusando de la sociedad civil. Violando la integridad física y moral que el Estado está constitucionalmente obligado a proteger.

Por obvias razones, si se consulta a los familiares antes de realizar una operación militar que pudiese poner en riesgo las vidas de sus seres queridos, ellos se negarán. Por cuestiones de esperanza y de dolor personal, los familiares, en su gran mayoría, se aferrarán siempre a la posibilidad de un intercambio que devuelva a sus casas a los plagiados sanos y salvos. Pero el Estado, por la misma razón que no sale a repartir comida a los hambrientos, ni lleva regalos a los niños pobres en navidad, no puede someterse al interés personal. Debe velar por el interés público. Y en este tema, lo que más le conviene a la sociedad, a Colombia como país, es una respuesta fuerte; que el rescate militar esté fuera de toda discusión. Y que los acuerdos con los grupos armados solo se den cuando estos se sometan a la justicia colombiana.

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