Error de Sintaxis

Existió un error de sintaxis en la apreciación de Salvatore Mancuso en referencia a la influencia del paramilitarismo en el Congreso. No era el paramilitarismo en el Congreso, era el Congreso en el paramilitarismo.

Imposible eludir el tema de la relación entre paramilitares y congresistas. Ante la magnitud y la gravedad de la situación, no hay nada más importante, ni más critico. Se han empezado a saber las verdades detrás del fenómeno del paramilitarismo en Colombia, y al menos tres congresistas de la republica ya cuentan con una acusación formal por parte de la justicia nacional.

No hay palabras suficientes para describir la dificultad de lo que se está desarrollando en estas semanas en el ambiente judicial y político de la nación. Tres congresistas, dos senadores y un representante a la cámara, todos del departamento de Sucre, han sido señalados por la Corte Suprema de Justicia como fundadores de grupos paramilitares en la costa atlántica. Entre sus crímenes estarían la organización de masacres, asesinatos selectivos, saqueo del arca pública y cualquier otra cantidad de horrores.

Me causa curiosidad el saber qué piensan en este momento las almas pías que integran los partidos gobiernistas. Después de que muchos se tomaron la foto en la expulsión de congresistas por vínculos con el paramilitarismo, y luego cuando estos fueron reintegrados, la mayoría paso de agache, hoy no hablamos de señalamientos, sino de acusaciones formales, no de apoyo, sino de participación activa en la conformación de grupos armados ilegales.

Decía Salvatore Mancuso en una oportunidad, que el paramilitarismo dominaba el 35% del Congreso. Pues bien, existe un error de sintaxis en su apreciación. No es el paramilitarismo el que domina al Congreso; según lo que se ha sabido en la última semana, es el Congreso el que domina al paramilitarismo. Las verdades sobre el fenómeno paramilitar se comienzan a saber y las heridas en la sociedad se han empezado a descubrir. Hará falta una gran fortaleza social para soportar lo que acá se puede acabar destapando. Los vínculos entre políticos y paramilitares se podrían extender mucho más allá de las fronteras de Sucre, y vincular a un porcentaje alto del territorio nacional.

Es un error considerar este episodio como el “proceso 8000 de la costa”. Existen diferencias fundamentales entre lo que está sucediendo hoy y lo acontecido durante la presidencia de Ernesto Samper. En aquel entonces ocurrió que candidatos políticos aceptaron recibir dineros provenientes del tráfico de drogas, y financiar con él sus campañas, a cambio de favores legislativos al narcotráfico.

Hoy, no son congresistas recibiendo dinero de criminales, hoy los criminales son los congresistas, serían ellos los responsables de fundar, promover y liderar bandas de crimen organizado que se dedicaron a masacrar campesinos colombianos. El grado de protagonismo de los implicados y la gravedad de los crímenes hacen ambas situaciones absolutamente incomparables. Además, de saberse toda la verdad, muy seguramente, no serian únicamente costeños los requeridos por la justicia.

En todo esto, lamento mucho la actitud indiferente del gobierno. Causa un poco de desconcierto ver cómo el mismo Presidente que se deja poseer por la ira ante una pregunta indiscreta de un estudiante, no reacciona con igual furia al enterarse de que tres integrantes de sus colectividades legislativas se encuentran formalmente acusados del asesinato sistemático de ciudadanos colombianos. El gobierno debería estar al principio de la fila entre los interesados en llegar al fondo de este asunto y en que se impusieran las penas más severas posibles a los culpables.

Sería absurdo que se abriera la posibilidad de desmovilizarse a estos tres congresistas involucrados. Ellos no son delincuentes comunes sometiéndose a la justicia, son oficiales electos a puestos de representación pública. Su compromiso con la sociedad es superior al de un ciudadano común. De ser condenados, la pena debe ser ejemplarizante. Los delitos cometidos así lo requieren.

Sobra señalar lo nocivo que todo esto es para la, ya maltrecha, democracia colombiana. Congresistas electos a sangre y fuego que, en lugar de velar por los intereses generales de la población, se dedican al extermino y el saqueo. La imagen no puede ser peor. Cualquier sospecha sobre la legitimidad de las elecciones en Colombia encontrará un soporte enorme en este episodio. Al menos en la región que los acusados representan. Y en las regiones de todos aquellos que sigan apareciendo.

Dentro de todo lo malo, es digno de señalar el coraje de la Corte. Ante la inoperancia de otras instituciones, la Corte Suprema actuó con mucho valor y salió al rescate de la democracia y la dignidad nacional. Esperemos, muy a pesar del trauma que ello implica, que la verdad siga apareciendo y que, al fin, en Colombia, se sepa quiénes son los verdaderos criminales. Y además, que ellos, quienes quiera que sean, acaben tras las rejas.

Ñapa: Según noticia publicada el día lunes 13 en el diario El Heraldo de Barranquilla, se ha consolidado, en Atlántico, una alianza Char-Name-Gerlein. Que Dios nos coja confesados.